Formosa: basta de silencio
10/Septiembre/2026
En la foto de la portada, la policía de Formosa (Argentina) rodea a un grupo de indígenas de la comunidad wichi que han participado en la protesta. Posteriormente son detenidos.
Ante la vulneración de los derechos del pueblo wichí en la provincia de Formosa al norte de Argentina, Proyecto Gran Simio Internacional, solicita la liberación inmediata de los 18 indígenas detenidos y una investigación internacional sobre la situación de los pueblos originarios
El mundo debe mirar hacia Formosa. No podemos permanecer impasibles mientras un pueblo indígena reclama derechos básicos y la respuesta del Estado es la represión.
El pueblo wichí no está reclamando privilegios. Está reclamando aquello que la propia Constitución argentina reconoce: el derecho a la educación, al agua, a la salud, a la participación y al respeto de su identidad cultural.
La detención de 18 integrantes de las comunidades wichí de Tres Palmas y Misión Nueva, en el oeste formoseño, tras meses de protestas vinculadas a demandas educativas y sociales, constituye un hecho de enorme gravedad que debe ser esclarecido con absoluta transparencia. Por ello desde Proyecto Gran Simio exige la liberación inmediata de los 18 detenidos wichí. y el cese inmediato de la persecución a la “caza”, que la fuerza pública está ejerciendo persiguiendo miembros de la comunidad wichi que han huido al bosque.
No puede ser que quienes reclaman una escuela digna para sus hijos, mejores condiciones de vida o el acceso al agua sean tratados como enemigos mientras las instituciones permanecen indiferentes.
Formosa: décadas de poder sin respuesta para los pueblos indígenas
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, lleva gobernando la provincia desde 1995, después de haber sido vicegobernador durante dos períodos anteriores. Es uno de los dirigentes políticos con mayor permanencia continuada en el poder de Argentina.
Durante estos años, numerosas organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos han denunciado una situación de dependencia, abandono y falta de reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios. Sus actuaciones se pueden considerar de un crimen de lesa humanidad, un abandono de unos pueblos que tienen derechos y que sin embargo no se les reconoce y debe ser juzgado por la justicia.
Un gobierno democrático no puede limitarse a aparecer durante los procesos electorales prometiendo soluciones para después olvidar a quienes viven en las zonas más alejadas y vulnerables de la provincia como lo hace el Gobernador de Formosa.
Los pueblos indígenas no pueden ser utilizados como una herramienta electoral. No pueden ser recordados cuando se necesitan votos y olvidados cuando exigen que se cumplan las promesas.
El agua, la educación y la salud no pueden ser instrumentos de control
En muchas comunidades wichí del oeste formoseño la falta de infraestructuras básicas continúa siendo una realidad dolorosa. Una escuela digna no es un regalo político. Es un derecho. Un centro sanitario equipado no es una concesión del gobernante de turno. Es una obligación del Estado. El acceso al agua potable no puede convertirse jamás en un mecanismo de dependencia o sometimiento.
Cuando una comunidad tiene que protestar durante meses para conseguir algo tan elemental como un anexo educativo para sus niños, estamos ante el fracaso de las instituciones y la violación constitucional que les otorga sus derechos.
El Estado argentino tiene una responsabilidad
El Gobierno nacional argentino no puede mirar hacia otro lado. La Constitución Nacional reconoce los derechos de los pueblos indígenas y obliga al Estado a garantizar su participación, su desarrollo y el respeto de sus culturas.
Por ello reclamamos que el Gobierno de la Nación intervenga institucionalmente, no para sustituir competencias provinciales, sino para garantizar que los derechos humanos fundamentales sean respetados en todo el territorio argentino y que el Gobernador de Formosa sea llevado a los tribunales por odio y abandono de los pueblos originarios.
El silencio también es una forma de abandono.
Miembros de la policía detienen a miembros de la comunidad indígena Wichi tras la protesta por una educación digna. Otros huyen al monte mientras la policía intentan dar caza según expresión de los mandos de la policia.
Un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que debe recuperar su función
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fue creado para proteger y promover los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, se ha convertido en un organismo cuya presencia es nula a favor de los pueblos originarios y sus funcionarios no hacen nada respecto a las violaciones de sus derechos constitucionales.
Los pueblos originarios necesitan instituciones que escuchen, acompañen y actúen. No organismos burocráticos alejados de la realidad de quienes sufren discriminación, pobreza y abandono.
El INAI debe recuperar el papel que la Constitución y las leyes argentinas le asignan y poner de nuevo en marcha el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas que fue anulado por el Gobierno.
Llamamiento a Naciones Unidas
Proyecto Gran Simio ha enviado una denuncia a Naciones Unidas, a sus relatores especiales sobre pueblos indígenas y derechos humanos, que observen con atención la situación de las comunidades wichí de Formosa y de otras comunidades indígenas en Formosa para que tomen cartas en este grave genocidio.
La comunidad internacional no puede permanecer indiferente cuando un pueblo originario denuncia sentirse abandonado por las instituciones que deberían protegerlo.
La defensa de los pueblos indígenas no es un asunto interno de un país. Es una cuestión de derechos humanos universales.
No al silencio ante la injusticia
Argentina tiene una enorme deuda histórica con sus pueblos originarios. Los wichí, los qom, los pilagá y tantos otros pueblos indígenas no son un problema que deba ocultarse. Son parte esencial de la historia y del presente de Argentina.
Un país que reconoce los derechos humanos no puede permitir que sus pueblos ancestrales tengan que cortar caminos para ser escuchados. No puede permitir que la respuesta sea la cárcel. No puede permitir que los niños indígenas crezcan sin escuelas dignas, sin agua segura y sin oportunidades.
Proyecto Gran Simio exige la liberación inmediata de los 18 detenidos wichí. Una investigación independiente sobre los hechos ocurridos. Exigen que se garanticen los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Y exigen que quienes tengan responsabilidades políticas o institucionales respondan ante la justicia si se demuestra que han vulnerado derechos fundamentales.
Porque ningún gobierno, ninguna institución y ningún cargo político están por encima de la dignidad humana. Los pueblos indígenas no son ciudadanos de segunda. Su voz también es Argentina.