La ley de grandes simios hundida. Sus responsables
LEY DE GRANDES SIMIOS
España pierde una oportunidad histórica y nuestros hermanos evolutivos vuelven a quedar esclavizados por la acción política
Pedro Pozas Terrados
25/octubre/2026
El Proyecto Gran Simio responsabiliza al ministro Pablo Bustinduy y al director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra Carollo, de los retrasos que han impedido culminar la iniciativa gubernamental para proteger a los grandes simios. La disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones obligan a afrontar una nueva etapa parlamentaria, mientras bonobos, chimpancés, gorilas y orangutanes continúan esperando una legislación específica que reconozca sus derechos y ponga fin a su explotación.
Hay ocasiones en las que la historia ofrece a una sociedad la posibilidad de avanzar, de demostrar que su desarrollo moral no se mide únicamente por su capacidad económica, sus avances tecnológicos o sus discursos políticos, sino también por la manera en que trata a los seres más vulnerables. España ha tenido la oportunidad de situarse a la vanguardia internacional en la protección de los grandes simios, nuestros hermanos evolutivos, pero esa oportunidad se convertido en otra promesa incumplida.
Desde el Proyecto Gran Simio llevamos décadas defendiendo que los bonobos, chimpancés, gorilas y orangutanes no pueden continuar siendo considerados simples objetos de exposición, reproducción, intercambio o explotación económica. Son seres con capacidades cognitivas y emocionales extraordinarias, con complejas relaciones sociales, memoria, vínculos familiares y una vida afectiva que merece respeto. Pertenecen, junto a nuestra propia especie, a la familia de los homínidos y comparten con nosotros una historia evolutiva que debería obligarnos a reconsiderar profundamente nuestra relación con ellos.
Por eso, la Ley de Grandes Simios no era para nosotros un trámite administrativo más. Era una oportunidad histórica para avanzar hacia un reconocimiento jurídico específico de sus derechos, establecer límites claros a su cautividad y comenzar a cerrar una etapa en la que han sido utilizados como instrumentos de negocio, entretenimiento y exhibición pública.
Sin embargo, después de años de reivindicaciones, reuniones, propuestas y campañas, nos encontramos de nuevo ante un muro infranqueable levantado por intereses políticos y comerciales. La disolución de las Cortes Generales, acordada mediante el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre han interrumpido la actividad parlamentaria ordinaria y obligan a afrontar una nueva etapa política. La tramitación de las iniciativas legislativas pendientes ha quedado condicionada por este cambio de legislatura y será necesario impulsar de nuevo, desde el principio nuevamente, la iniciativa en las nuevas Cortes.
Ya en 2006, hace más de dos décadas, el Congreso aprobó una Proposición No de Ley en la que entre otras cosas, el Gobierno debía comprometerse a legislar una ley de grandes simios. Pero sin embargo, como las PNL no son obligatorias cumplir por parte del ejecutivo, el presidente Zapatero optó por olvidarla y no llevarla a cabo.
Pero no podemos aceptar que todo esto se presente como una fatalidad inevitable, como si nadie hubiera podido hacer nada para evitar llegar a esta situación. Antes de que se produjera la convocatoria electoral, hubo tiempo, hubo compromisos y hubo oportunidades para avanzar. La pregunta que debemos hacernos es por qué no se aprovecharon.
Una obligación legal que comenzó a incumplirse en 2023
El origen de esta historia se encuentra en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Su disposición adicional cuarta estableció el mandato de elaborar una legislación específica para los grandes simios en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley.
No se trataba de una petición informal de las organizaciones animalistas ni de una propuesta que el Gobierno pudiera guardar indefinidamente en un cajón. Era un mandato incorporado a una ley aprobada por las propias instituciones del Estado.
Sin embargo, los meses fueron pasando y la norma no llegó. Pasaron los años y tampoco llegó. Mientras tanto, los grandes simios continuaron dependiendo de una regulación que, a nuestro juicio, no ofrecía la protección específica que necesitaban.
Desde el Proyecto Gran Simio denunciamos esta demora y reclamamos que se cumpliera el compromiso legislativo. No pedíamos un privilegio para nuestra organización ni una concesión política. Exigíamos que se desarrollara una disposición legal que el propio Estado había aprobado.
¿Qué explicación puede darse a que una obligación de estas características permanezca desatendida durante tanto tiempo? ¿Por qué una cuestión relacionada con la protección de seres vivos que comparten con nosotros capacidades cognitivas, emocionales y sociales tan significativas no recibió la prioridad necesaria?
Son preguntas que siguen sin obtener, una respuesta satisfactoria.
La campaña que obligó a reabrir el compromiso político
A finales de 2025, la situación comenzó a cambiar gracias a la campaña impulsada por la Fundación Animals Guardians y el Proyecto Gran Simio, junto con el respaldo de más de 150 organizaciones comprometidas con la protección de los animales y medio ambiente..
La movilización consiguió que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, recibiera a representantes de las organizaciones el 13 de octubre de 2025, junto a los responsables de los centros de primates que existían en España. En aquella reunión se abordó el compromiso de impulsar una legislación específica, conocida también como la futura Ley de Jane Goodall,
El compromiso ministerial abrió una nueva expectativa. Parecía que, después de años de retrasos, finalmente se iba a poner en marcha el procedimiento necesario para dotar a España de una ley específica para los grandes simios.
No obstante, la reunión también dejó interrogantes sobre el procedimiento y los plazos. El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra Carollo, explicó entonces que existía ya un borrador de trabajo y que los retrasos estaban relacionados con la acumulación de otras tareas normativas.
El borrador fue remitido a las organizaciones en diciembre de 2025. La oportunidad de contar, por fin, con una propuesta concreta parecía estar al alcance de la mano. Pero el contenido del documento suscitó una profunda preocupación en el Proyecto Gran Simio y en la Fundación Animals Guardians.
El gran desacuerdo: ¿una ley de derechos o una regulación que perpetúa la cautividad?
El problema central del borrador gubernamental era, para nosotros, la ausencia de una prohibición expresa de la reproducción en cautividad de los grandes simios.
No queremos una legislación que se limite a mejorar las condiciones materiales de los recintos mientras mantiene indefinidamente el sistema que permite la reproducción, la exhibición y la explotación económica de estos animales. Queremos una ley de derechos, con un objetivo claro: que la cautividad deje de ser una situación normalizada y avance hacia su prohibición..
Por ello, presentamos alegaciones al borrador junto con la Fundación Animals Guardians. Solicitamos que se corrigieran sus deficiencias y que se incorporaran garantías efectivas para impedir la reproducción en cautividad, limitar los traslados y evitar que los grandes simios continuaran siendo tratados como mercancías.
Nuestra preocupación no era secundaria ni meramente técnica. Permitir que sigan naciendo grandes simios en instalaciones de cautividad significa prolongar el problema durante generaciones. Cada nacimiento puede convertirse en el comienzo de una nueva vida sometida a un entorno que no ha elegido y a unas limitaciones que difícilmente pueden compensarse mediante instalaciones artificiales, por amplias que sean.
En febrero de 2026, en una reunión mantenida con el Director General de Derechos de los Animales, se nos trasladó que el borrador ya no podía rectificarse y que sería llevado próximamente al Consejo de Ministros. Desde entonces, y hasta la convocatoria electoral, no hemos visto culminar ese compromiso mediante la aprobación del proyecto gubernamental que esperábamos.
¿Dónde quedó aquella promesa? ¿Por qué se nos dijo que el texto iba a avanzar si después no se materializó el paso anunciado?
El tiempo transcurrido entre febrero y la disolución de las Cortes no puede borrarse de la historia de esta ley. Es precisamente ese periodo el que exige explicaciones.
El Proyecto Gran Simio señala responsabilidades políticas
Desde nuestra organización consideramos que el ministro Pablo Bustinduy y el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra Carollo, deben asumir su responsabilidad política por la demora y por no haber conseguido llevar adelante el compromiso adquirido, bloqueando los pasos necesarios para que la ley siguiera adelante, además de haber incumplido la ley 7/2023.
Esta es nuestra valoración a partir de los acontecimientos que hemos vivido, las reuniones mantenidas, el borrador recibido y la ausencia del avance que se nos había anunciado. No podemos afirmar que conozcamos todas las razones internas que explican lo sucedido, pero sí podemos denunciar sus consecuencias y exigir explicaciones a quienes tenían competencias para impulsar la norma. Durante este periodo mandamos varios buro fax al Ministro para que activara la ley.
Nos preocupa especialmente que los intereses de determinados sectores vinculados a la explotación de grandes simios en cautividad hayan podido influir en el proceso. Desde el Proyecto Gran Simio sospechamos que la oposición a una prohibición clara de la reproducción en cautividad y las presiones procedentes de los sectores zoológicos, así como las posiciones de entidades como la APE (Asociación Perinatológica de España) y de determinados integrantes del ámbito universitario, pudieron contribuir a dificultar el avance hacia una ley verdaderamente ambiciosa.
Estas posibles influencias deben esclarecerse y no pueden presentarse como hechos demostrados sin pruebas. Pero tampoco vamos a renunciar a plantear preguntas cuando el contenido del borrador y los retrasos observados generan una preocupación legítima sobre los intereses que pueden estar en juego.
También nos preguntamos si el temor a abrir un debate parlamentario incómodo pudo contribuir a la falta de impulso político. En un contexto de confrontación entre Gobierno y oposición, defender una ley para los grandes simios puede convertirse, injustamente, en objeto de burlas o ataques políticos, como si proteger a nuestros parientes evolutivos fuera incompatible con atender otros problemas sociales, como así ocurrió en 2006 en la aprobación de la Proposición No de Ley de Grandes Simios.
Si existió ese temor, sería una razón profundamente equivocada para aplazar una obligación legal. La defensa de los derechos de los animales no compite con la educación, la sanidad, la vivienda o la lucha contra la pobreza. Una sociedad debe ser capaz de afrontar todos esos desafíos sin utilizar unos para desacreditar otros.
El Proyecto Gran Simio considera que el ministro y el director general deben explicar por qué el compromiso no se materializó en los plazos anunciados y qué obstáculos impidieron su avance. No pedimos especulaciones ni excusas: pedimos transparencia y responsabilidades.
La posterior disolución de las Cortes ha cambiado el escenario. La legislatura termina sin que hayamos conseguido culminar el objetivo de dotar a España de una ley específica aprobada y en vigor. La continuidad de la iniciativa requerirá ahora una nueva actuación parlamentaria en la legislatura que resulte de las elecciones.
Para quienes llevamos décadas trabajando en esta materia, es frustrante comprobar que una reivindicación que comenzó mucho antes de 2023 sigue sin convertirse en una protección legal efectiva.
No partimos de cero en conocimientos, argumentos científicos o propuestas jurídicas. Partimos de cero, una vez más, en la oportunidad política de hacer realidad lo que ya debería haberse resuelto.
¿Quién pierde realmente con este fracaso?
No pierde el Proyecto Gran Simio. Tampoco pierden las organizaciones que han dedicado tiempo, recursos y esfuerzos a esta causa. Seguiremos trabajando, como hemos hecho durante décadas, porque nuestra responsabilidad no depende de que un Gobierno cumpla sus compromisos ni de que una legislatura llegue a su final.
Quienes pierden son los grandes simios que continúan sometidos a cautividad, aquellos cuya vida sigue condicionada por decisiones humanas y los individuos que pueden nacer en instalaciones donde su destino estará determinado por intereses ajenos.
También pierde nuestra sociedad una oportunidad de avanzar en coherencia ética. No podemos hablar de civilización, ciencia y progreso mientras mantenemos a seres con capacidades extraordinarias bajo un sistema que permite utilizarlos como reclamo, mercancía o instrumento de entretenimiento.
Los zoológicos y otros centros de exhibición suelen defender su papel en la conservación, la investigación o la educación. Es legítimo que estas afirmaciones se examinen y se debatan con rigor. Pero ninguna de ellas debe servir para eludir una cuestión esencial: qué protección jurídica debemos garantizar a cada individuo y qué límites estamos dispuestos a establecer a su explotación.
Para el Proyecto Gran Simio, la respuesta debe incluir la prohibición de la reproducción en cautividad, el control estricto de los traslados, la protección de los vínculos familiares y sociales y una transición real hacia el fin de la cautividad. Si se prohíbe la reproducción en cautividad, los que están actualmente encerrados podrán seguir en el mismo lugar con mejoras de sus instalaciones y atenciones hasta el fin de sus días, donde las jaulas deben ser cerradas para siempre como ya ha ocurrido en Colombia.
No basta con que ellos sobrevivan. Debemos preguntarnos si estamos respetando su vida, su dignidad y sus necesidades como seres sociales y conscientes.
Volveremos a llamar a las puertas del nuevo Congreso
Después de las elecciones, el Proyecto Gran Simio volverá a dirigirse a los representantes políticos que resulten elegidos. Les recordaremos que esta reivindicación no pertenece a un partido ni debe depender de los intereses electorales de una formación concreta.
Pediremos que la Ley de Grandes Simios vuelva a situarse entre las prioridades legislativas, que se examinen las propuestas ya elaboradas y que se escuche a las organizaciones especializadas que llevan años trabajando sobre esta cuestión.
No aceptaremos que se vuelva a empezar desde el olvido, como si todo el trabajo realizado no existiera. Exigiremos que se aprovechen los conocimientos, los documentos, las alegaciones y las propuestas ya presentadas. Y reclamaremos que el nuevo proceso no se convierta en otra sucesión interminable de reuniones, promesas y aplazamientos.
España todavía puede recuperar parte de la oportunidad perdida. Pero para ello será necesario que quienes asuman responsabilidades políticas comprendan que una ley de estas características no debe redactarse para satisfacer a los sectores que mantienen a los grandes simios en cautividad, sino para garantizar la protección de los propios animales.
La futura ley debe ser una ley de derechos, no una simple norma de gestión de zoológicos. Debe reconocer que estos seres merecen una protección jurídica específica y que el objetivo último debe ser terminar con su explotación y con la reproducción destinada a perpetuarla.
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La ciencia y las generaciones futuras nos juzgarán
Desde el Proyecto Gran Simio no vamos a abandonar esta lucha. Lo hemos hecho durante décadas, hemos atravesado diferentes gobiernos y hemos aprendido que las promesas políticas pueden cambiar, pero los argumentos científicos y éticos no desaparecen porque una legislatura termine.
Seguiremos denunciando la explotación de nuestros hermanos evolutivos, reclamando el fin de su reproducción en cautividad y exigiendo que se adopten medidas reales para proteger a los individuos que hoy viven encerrados. Continuaremos defendiendo una legislación que no se limite a administrar la cautividad, sino que marque un camino claro hacia su desaparición progresiva.
La ciencia seguirá aportando conocimientos sobre las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de los grandes simios. Las generaciones futuras estudiarán cómo los tratamos y qué decisiones tomamos cuando tuvimos la posibilidad de cambiar las cosas.
Y entonces tendrán que valorar no solo lo que dijimos, sino también lo que hicimos y lo que dejamos de hacer.
Nosotros sabemos de qué lado estamos: del lado de quienes no pueden sentarse en un Parlamento, negociar una ley ni defenderse ante los intereses económicos que condicionan su existencia.
La Ley de Grandes Simios no puede convertirse en otra promesa olvidada. No pedimos un favor político: exigimos que se haga realidad una protección que llevan demasiado tiempo esperando.
Porque la dignidad humana no consiste en demostrar que somos superiores a los demás seres vivos, sino en asumir nuestra responsabilidad hacia ellos. Y porque la verdadera medida de una sociedad no es únicamente cómo trata a quienes tienen poder para exigir sus derechos, sino también cómo protege a quienes dependen de nuestra voluntad para que esos derechos sean reconocidos.
Proyecto Gran Simio seguirá luchando. Por ellos, por la justicia y por la dignidad de nuestra propia especie.
Referencias para acompañar la publicación